LA SALUD MENTAL EN PELIGRO

* Por Pablo Cutrera

Desde la Corriente Nacional de Salud Salvador Mazza expresamos públicamente nuestro rechazo al proyecto de decreto de modificación de la Reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

El día 10/11/2017 se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial mediante el cual el Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, pretende desmantelar la Ley de Salud Mental, desconociendo las normativas actuales del Código Civil, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Discapacidad.
Es sumamente grave que se intente hacer esta reforma a través del decreto reglamentario cuando se trata de modificar los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental. Por esa vía se evita la intervención del Congreso de la Nación en el debate, ámbito institucional para las modificaciones de este tenor.
La nueva reglamentación atenta contra los principales ejes de la ley: su enfoque de derechos, la accesibilidad en la atención, el trabajo interdisciplinario e intersectorial. La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. El proyecto de decreto reglamentario es un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas.
Modifica la concepción de la Salud Mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.
Reinstala el manicomio bajo el nombre de “Hospitales Especializados en Psiquiatría y Salud Mental” y admite el aislamiento pleno de personas en dichas instituciones. De igual modo, habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad.

Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz, en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación.
Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la autoridad de Aplicación de la Ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma.
Esta medida se lleva adelante en medio de una serie de reformas como la implementación de la Cobertura Universal de Salud (C.U.S.) o la Reforma Laboral, en las que el gobierno pretende avanzar en la restricción de derechos de pacientes – usuarios/as y trabajadores/as.

La Ley Nacional de Salud Mental fue producto de amplios consensos y cambió el paradigma manicomial por un abordaje desde los Derechos Humanos. Por el retroceso gravísimo que implica, solicitamos al presidente de la Nación que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las Organizaciones de Usuarios/as de Servicios de Salud Mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten.

* Médico Psiquiatra del Hospital HIGA San Martín de La Plata
Jefe de Residentes de Psiquiatría
Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales
Integrante de la CICOP